15 mayo, 2011

Las verdades de Chiquita

Las evidencias de que Chiquita | Una de las empresas más importantes de los EE.UU, ha pagado a varios grupos armados ilegales de Colombia por seguridad y otros servicios, son contundentes. Los documentos involucran incluso al ex presidente Alvaro Uribe.

Pocos días antes del anuncio de que la megaempresa estadounidense Chiquita Brands International había pagado a paramilitares colombianos y también a la guerrilla, pese a haber asegurado oficialmente lo contrario, el periodista Michael Evans, quien iba a revelar la información, contaba que lo mejor de su trabajo era sentir la adrenalina de saber que había muchos a los que les interesa mantener las verdades bien tapadas y que descubrirlos era lo que más lo emocionaba. Evans, un americano alto y delgado, de apariencia más bien tímida y con un castellano algo inseguro, tenía por qué estar tan satisfecho. Con más de 5.000 documentos bajo la manga, estaba a punto de revelar, con pruebas irrefutables, los oscuros negocios de una de las trasnacionales que más poder tiene en el mundo.

El periodista, que trabaja en el Archivo Nacional de Seguridad (The National Security Archive) de Estados Unidos, fue uno de los expositores invitados al IV Encuentro de Periodismo de Investigación, que organizó Consejo de Redacción el pasado 1 y 2 de abril en Bogotá. En el panel de “Periodismo de exhumación, investigando el pasado”, Evans explicó la estructura de los cables informáticos y su importancia en medio de la transformación de la sociedad, en la cual los ciudadanos desean informarse de los hechos del mundo; también expuso el proyecto “Evidence Proyect”, del cual él hace parte, demostrando la existencia de otro sistema de cables informáticos, paralelo a wikileaks y respaldado con más de una fuente.

El National Security Archive, es una organización sin fines de lucro, financiada a través de donaciones y regalías de publicación, cuyo principal objetivo es conseguir que el Gobierno de los Estados Unidos, haga públicos documentos que esa entidad conserva como secretos debido a sus políticas de seguridad nacional. En esa lógica, y como director del proyecto, Michael Evans ha presentado casi 3.000 peticiones bajo el Freedom of Information Act (FOIA), la ley de acceso nacional de acceso a la información vigente en los EE.UU. Evans ha escrito “Colombia and the United States: Political Violence, Narcotics, and Human Rights, 1948-2010”, una colección nueva, compuesta por más de 3.000 documentos desclasificados sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia.

El día 7 de abril, Michael Evans, a nombre de The National Security Archive, el compendio más grande de documentos desclasificados que existe por fuera del gobierno norteamericano, hizo público que, contradiciendo a un informe anterior en que la empresa bananera aseguraba que no había realizado ningún pago, ni a los paramilitares ni a las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, grupo de extrema derecha) por obtener seguridad e información, en realidad no sólo sí había pagado a estos grupos subversivos, sino que también los había utilizado para que cuiden sus plantaciones y le brinden otros servicios. Los documentos revelan que además estaban involucrados militares y políticos, entre ellos el ex presidente Alvaro Uribe.

El destape ha remecido las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, y ha puesto preguntas sobre la mesa que no sólo afectan a estos dos países, sino que demuestran que situaciones parecidas podrían ocurrir en cualquier parte del mundo. ¿Por qué el Departamento de Justicia de Estados Unidos aceptó sin más comprobación la versión de la empresa?, ¿Qué pasó dentro de ese Departamento para que se decidiera una multa pero no se iniciara una investigación contra Chiquita? ¿Cómo evadieron el control fiscal los contadores de la trasnacional?, y sobre todo ¿Cuánta gente murió por la presencia de paramilitares y las AUC en la zona?

Desenredando

Notas manuscritas con difícil escritura, frases inconclusas, datos que tienen que armarse como un rompecabezas… ¿El resultado? Revelar que una de las empresas más grandes de los Estados Unidos, que controla aproximadamente un cuarto de todo el comercio mundial del banano, mintió en su acuerdo de culpabilidad ante los fiscales estadounidenses cuando aseguró que nunca había recibido "ningún servicio de seguridad o equipos de seguridad a cambio de los pagos" (que le hacía a los paramilitares y a la guerrilla), y que esos pagos eran una "extorsión" por parte de los grupos irregulares.

"Estos registros extraordinarios son las pruebas más detalladas hasta la fecha del verdadero costo de hacer negocios en Colombia", dice Evans. "El aparente acuerdo de Chiquita con las guerrillas y paramilitares es responsable de incontables asesinatos y desmiente el acuerdo de culpabilidad firmado por la empresa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos".

En 2007, Chiquita entregó miles de documentos al Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de un acuerdo de sentencia en el que admitió años de pagos ilegales (1,7 millones de dólares a las AUC desde 1997), supuestamente por extorsión, por lo que acordó pagar una multa de 25 millones de dólares. Nunca reconoció que se hubiese beneficiado de esos pagos. En el trato logrado entre la empresa y la Fiscalía, no se iba a revelar los nombres de los dirigentes que negociaron el trato con los paramilitares y se evitaría cualquier sanción contra ellos.

Las AUC se declararon en 1997 como un grupo contrainsurgente que combatía a las guerrillas. Eran patrocinados por grupos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes de las regiones en las que operaban las guerrillas que eran hostigados o amenazados por ellas. El 70% de los ingresos de las AUC provenían del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, además de recibir dinero de multinacionales, como Chiquita. También recibieron colaboración de varios miembros de las Fuerzas Armadas y tenían estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos. Fueron responsables de masacres y torturas utilizando métodos de terror contra la población civil y guerrilleros, usando armas no convencionales como motosierras para descuartizar a sus víctimas. También son responsables de la muerte de miles de indígenas, sindicalistas y militantes de grupos políticos de izquierda, a los que acusaban de ser colaboradores o admiradores de las guerrillas.

Los documentos que se proporcionaron a Michael Evans y que éste descifró con meticulosidad, revelan que son evidentes las “transacciones” de beneficio mutuo entre las filiales colombianas de Chiquita y la guerrilla, los paramilitares, las fuerzas colombianas de seguridad y las cooperativas privadas Convivir, grupos armados auspiciados por el gobierno.

Peso a peso

Para los contables de Chiquita en Colombia, no fue tarea fácil ocultar los pagos denominados “delicados”, así que recurrieron a diferentes trucos. “Esto es evidente en un par de memorandos legales de enero de 1994. El primero de ellos indica que las guerrillas le prestaban seguridad a la empresa en algunas de las plantaciones de Chiquita. Otra anotación, manuscrita en un documento membreteado de la compañía, clasificado como confidencial, se pregunta: "¿Por qué es relevante?" y, "¿Por qué está siendo escrito?". En el documento los abogados han tachado la palabra "transacciones" - lo que sugiere un acuerdo de canje- y lo sustituyeron por el término más neutro de "pagos". Los contables de la empresa incluyeron los gastos como "pagos de extorsión de guerrillas", pero los registraron en los libros como "seguridad ciudadana", de acuerdo con estas notas”, explica Evans.

Otro documento muestra que Chiquita también pagó a paramilitares por servicios de seguridad -incluyendo información de inteligencia sobre las operaciones de la guerrilla- después de que las AUC arrebataron el control de la región a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a mediados de la década de 1990.

Muchos de estos pagos fueron hechos por intermedio de las organizaciones legales Convivir supervisadas por el ejército colombiano.

En marzo de 2000, el abogado de Chiquita, Robert Thomas, escribió un memo en el que indicaba que los paramilitares de Santa Marta, donde está ubicada la principal filial de Chiquita en Colombia, Banadex, habían creado una empresa ficticia llamada Inversiones Manglar para ocultar "el verdadero propósito de garantizar la seguridad".

La compañía tenía la pantalla de exportación agrícola, pero producía "información sobre los movimientos guerrilleros".

De acuerdo a Thomas, funcionarios de Banadex le dijeron que "todas las compañías bananeras están contribuyendo en Santa Marta" y que Chiquita "debe continuar haciendo los pagos", ya que "no se puede obtener el mismo nivel de apoyo (seguridad) de los militares". También hay evidencias que destacan el papel de los militares colombianos para presionar a la empresa a financiar a las AUC a través de las Convivir.

Entre los funcionarios que más apoyaron las Convivir, durante este tiempo, se encontraba Álvaro Uribe, entonces gobernador de Antioquia, departamento en el que tenía su centro de operaciones Chiquita en Colombia. En el memo de septiembre de 2000, Thomas señala: "Es bien conocido en el momento, que oficiales de alto rango del ejército colombiano y el Gobernador del Departamento de Antioquia estaban haciendo campaña para el establecimiento de una organización Convivir de Urabá".
Otro memo indica que, tanto Uribe como otro político de la región, Alfonso Núñez, recibieron donaciones para sus campañas de otra de las filiales en Colombia de Chiquita, la Compañía Frutera de Sevilla. Alvaro Uribe fue presidente de Colombia desde 2002 hasta 2010.

Relaciones peligrosas

Otro documento escrito a mano de 1999 revela el aparente esfuerzo de un general del Ejército de Colombia para establecerse como un intermediario en los pagos de los paramilitares. El documento describe a un "general que ha estado en la zona desde hace varios años" que había sido acusado por el alcalde de San José de Apartadó de ser parte de "[un] escuadrón de la muerte" y que había sido "suspendido del Ejército". Todos los indicios apuntan a que el controvertido general Rito Alejo del Río es el destinatario.

El documento señala que el general "nos ha ayudado personalmente" con "seguridad" y con "información que impidió secuestros". Las notas hacen referencia indirecta a un pago de 9 mil dólares.

Pero la relación entre la poderosa bananera y los subversivos fue más allá. Otro documento escrito por Thomas, en septiembre de 2000, describe una reunión en 1997 de los altos ejecutivos de Banadex con el líder de las AUC, Carlos Castaño, quien sugirió por primera vez apoyar la creación de la Convivir llamada La Tagua del Darién.

Los funcionarios de Banadex adujeron que "no tenían más remedio que asistir a la reunión" porque no hacerlo sería "antagonizar con los militares de Colombia, funcionarios locales y estatales, y las Autodefensas".

Más tarde, un memo legal de agosto de 1997 escrito en papel membretado de Chiquita, dice que la empresa era "miembro de una Convivir llamada Puntepiedra, SA", que el autor clasifica como "una persona jurídica en la que participamos con otros exportadores de banano en la región de Turbo". Una versión diferente del mismo documento no sólo omite los nombres de los beneficiarios de pagos, sino que incluye una anotación manuscrita junto a la "guerrilla". Una entrada dice: "Pago extorsión." Otra anotación dice: "Sobre todo no son pagos ilegales - estos son legales - gasolina, el ejército, la policía, los políticos. El pago no ofrece nada, ni beneficios".

Los que faltan

Las pruebas suman y siguen, y vienen a reforzar las demandas de las víctimas de los grupos armados ilegales de Colombia. Los documentos serán usados para apoyar una demanda civil contra Chiquita, encabezada por Earth Rights Internacional, a nombre de cientos de víctimas colombianas de los paramilitares y las guerrillas.

Existe vasta información de la relación entre Chiquita y los grupos irregulares incluso en Wikipedia, sin embargo, hasta ahora, no se había tenido pruebas tan contundentes. "Estas revelaciones son más que académicas", explica Arturo Carrillo, Director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Georgetown. "Los documentos refuerzan la media docena de demandas federales pendientes en contra de Chiquita, que la empresa fue cómplice, y por lo tanto responsable de las atrocidades cometidas por las AUC en Urabá. Uno sólo puede esperar que revelando la información obtenida y publicada por el National Security Archive se dará lugar a una mayor responsabilidad por las acciones criminales de Chiquita en Colombia, ya que con el acuerdo de la empresa con el Departamento de Justicia, este se ha negado a procesar a los ejecutivos de Chiquita por su mal accionar".

Todavía se espera que el Departamento de Estado, la DEA y la CIA se pronuncien y entreguen información que puede ser muy importante para las víctimas de la violencia y su demanda contra la multinacional bananera. Es un hecho que una de las muchas y oscuras madejas de violencia y corrupción ha comenzado a desatarse en Colombia con estas pruebas. "La publicación de estos documentos es sólo el comienzo", asegura Evans.

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