27 febrero, 2008

La oscura realidad de las torturas en Bolivia

Delito. Ningún gobierno, independientemente de su ideología, ha dejado de utilizar la tortura y la represión. Se vincula erróneamente a estas acciones solamente con los regímenes de facto, pero los aparatos represores siguen siendo los mismos, aún en gobiernos democráticamente elegidos.
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En Bolivia tiene una pena más severa quien roba una oveja, que quien comete tortura. Esta conclusión la hace el Defensor del Pueblo (1), al ser consultado acerca de los marcos legales con los que se trabaja la represión estatal y la tortura, fenómenos que parecerían exclusivos de regímenes dictatoriales, pero que en los hechos se producen en todos los mandatos. Lo confirma también el sacerdote Federico Aguiló en su libro Nunca más: “Ningún gobierno, sin importar su corriente ideológica, deja de utilizar el aparato represor y hasta la tortura estatal”.
Los personeros del ITEI (Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal) con su lista de víctimas, son testigos de esta realidad que la sociedad boliviana casi pasa desapercibida. Casi.

La larga lista
En las cárceles bolivianas son pocos los represores y torturadores que purgan alguna condena. Lejos de los brutales Generales de la dictadura, algunos policías y militares continúan cometiendo atropellos contra la población, amparados por el régimen estatal. Y el débil código penal boliviano parece cubrirlos con penas mínimas que van desde los dos a apenas diez años, cuando se llega a provocar la muerte del torturado (ver recuadro).
En las oficinas del ITEI, los registros de las víctimas de tortura y represión estatal llenan archivos. 52 víctimas documentadas con certificado médico forense, sólo en los movimientos de octubre de 2003, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente y más de 1.000 como resultado de otros gobiernos, contando el entorno de los afectados que también sufre las secuelas de la tortura.
Y es que ningún Presidente se salva de tener víctimas en la lista. Ni siquiera el actual, que aunque ha puesto mayor interés en los informes del ITEI, también cuenta en su haber con violentas represiones como las sucedidas cuando Alicia Muñoz era Ministra, e intervino contra la gente del Movimiento Sin Techo en Oruro.
Los regímenes constituidos dictatorialmente son responsables de la mayoría de muertos y heridos por la tortura y la represión estatal en el país. Estos gobiernos ejercieron la violencia de forma impune y cruel, pero la naturaleza de sus acciones no difiere mucho de la de gobiernos democráticamente elegidos en las últimas décadas. Paz Estenssoro, entre 1985 y 1989 sumó 15 muertos por las masacres de Parotani y Villa Tunari; Jaime Paz Zamora (1989-1993) 4 muertos en distintos conflictos sociales; Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) 30 muertos en las masacres de Llallagua, Amayapampa y Capasirca; Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002) 76 muertos en varios conflictos sociales y nuevamente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) con 133 muertos por enfrentamientos entre comunidades campesinas y citadinas con la Policía y el Ejército.
El ITEI también tiene registros de afectados del Movimiento Sin Tierra, que durante la gestión de Carlos Mesa fueron maltratados en Viacha. Una mujer de 70 años terminó con las costillas rotas por la represión policial.

Las cicatrices de la violencia

Según explica el doctor Andrés Gautier, psicólogo, psicoterapeuta y director del ITEI, las secuelas psicosociales de los afectados directos por la tortura y la represión, son siempre traumáticas, “nos referimos a secuelas que no se pueden superar ni aún con el tiempo, heridas que no se cierran. Cuando se amenaza de muerte, cuando se ataca a la dignidad física y síquica de la persona, se tocan los elementos más frágiles del ser humano. El cuerpo y la psiquis quedan siempre en alerta de si no va a ocurrir otra vez algo similar. En el caso de la sociedad, ésta se amedrenta y provoca una autocensura. Cuando hay impunidad, el temor a que se vuelvan a repetir las mismas situaciones es constante ya que los culpables han quedado sin castigo, están seguros de que no les va a ocurrir nada y de que estarán encubiertos por la jerarquía. Para la sociedad el peligro de la tortura es latente”.
Es importante recalcar que el entorno familiar de quienes han sufrido torturas o represión, también es seriamente afectado. “Hemos tenido casos de familiares que llegan al ITEI preguntando qué hacer porque el esposo o el padre tienen comportamientos que son un peso muy grande para la familia. Existe violencia que se expresa contra los hijos o la esposa. Hay un grado de agresividad sin resolver, de irascibilidad, o en el otro extremo la depresión, la falta de fuerza para seguir, la angustia, el miedo, el estado permanente de alerta.”
La rehabilitación de las víctimas es larga y difícil. Luego de la entrevista sicológica con Gautier, éstas son atendidas por el doctor Marcelo Flores, especializado en México en la aplicación del Protocolo de Estambul, quien correlaciona el relato del usuario con la historia clínica que éste tiene y comienza la rehabilitación integral (psicoterapéutica, médica y social) ya sea a través de la fisioterapia, la atención primaria, etc. “Generalmente hay muchas secuelas físicas dependiendo de la tortura. Hay una muy utilizada llamada ‘el teléfono’, donde se pega fuertemente con las palmas de las manos en los pabellones auriculares. Ese tipo de tortura deja hipoacusia, sordera u otitis crónica. También tenemos artrosis y hasta artritis cuando las víctimas son sometidas a baños helados o encerradas en celdas frías y de cemento. En el caso de las heridas causadas por los golpes, quedan neuropatías, donde los nervios lastimados difícilmente pueden volver a ser normales. Estas son las secuelas crónicas. En el caso de torturas recientes tenemos fracturas, hematomas, esquimosis, una variedad amplia porque la tortura se ha perfeccionado llegando incluso a no dejar huellas visibles. Sin embargo, de acuerdo al Protocolo de Estambul, que es un instrumento internacional para la documentación de la tortura, (el ITEI es el único que lo aplica en Bolivia) se pueden detectar los signos de tortura”.
Además están las posiciones forzadas, el submarino (cuando se sumerge la cabeza bajo el agua repetidamente), el sofocamiento y las agresiones biológicas como la privación de agua y alimento, el aislamiento, etc. Entre la tortura psicológica están los falsos fusilamientos, las amenazas a parientes cercanos, la incomunicación, la agresión y violación sexual.
La tortura se ha perfeccionado, aunque en muchos casos los torturadores sigan siendo los mismos. Hace años uno de los métodos más dolorosos y utilizados eran los choques eléctricos proporcionados por un instrumento llamado picana eléctrica. Uno de estos aparatos fue exhibido no hasta hace mucho en el museo policial de La Paz, donado por la “Alianza para el progreso”. De acuerdo al ITEI, el 2000 durante la Guerra del Agua en Cochabamba, se utilizó la picana eléctrica y se tienen documentados casos de tortura con ésta. Durante la Guerra del Gas, también se ejerció un nuevo tipo de tortura: la de la calle. “Tenemos testimonios de jóvenes que han sido detenidos en San Francisco, llevados detrás de la Iglesia, y luego de haber sido pegados, obligados a permanecer durante horas echados sobre la calle con los brazos en la cabeza. Cuando alguno levantaba la cabeza, los policías le rociaban gas directamente a los ojos”, cuenta Emma Bravo, coordinadora y responsable de formación e investigación del ITEI.
Bravo, explica que hasta el día de hoy en Bolivia no se sabe de torturadores que hayan sido juzgados y confirma que la tortura es considerada un delito de mínima cuantía. Por ello el Protocolo Facultativo contra la Tortura crea los mecanismos de prevención (ver recuadro). Al haber sido ratificado el 2006, para el 2007 Bolivia debió tener un mecanismo nacional de prevención que emita un informe que será publicado. En ese sentido se podrá hacer un mapeo de los lugares de detención en Bolivia, que no existe, ver los métodos de tortura que aún se utilizan y las secuelas que ocasionan en las personas privadas de libertad.
“Como institución queremos hacer ese trabajo, hemos sido un motor para que se firme el Protocolo Facultativo y el ITEI ha hecho todo un cabildeo nacional e internacional para que se ratifique. Ahora queremos entrar a los lugares de detención”, explica Bravo.
La aceleración de este proceso y la instauración del mecanismo nacional de prevención depende de la sociedad civil y sus organizaciones, pero sobre todo de la voluntad del Gobierno. “Después de convocar de manera amplia a los sectores de la sociedad civil podremos elegir este mecanismo nacional de prevención. El ITEI ha presentado un proyecto de ley, que será tomado en cuenta como una base para tener más clara la visión de cómo se elegirá el mecanismo de prevención en Bolivia. Deberá ser totalmente independiente de los organismos del Estado”.

Torturador impune
Un ejemplo de que los torturadores continúan impunes, no son objeto del escarnio público y hasta se dan el lujo de actuar de manera amenazante, es el reciente amedrentamiento del que ha sido víctima la abogada Ximena Prudencio, parte acusadora en el juicio que se sigue a los asesinos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores. Un correo electrónico de Olga Flores, hermana de Carlos, ha llegado a las oficinas del ITEI para denunciar que el Killer Molina, principal sindicado como asesino de Quiroga Santa Cruz, se habría presentado en las oficinas de la abogada Prudencio el 18 de febrero de este año a tempranas horas de la mañana, cuando el edificio estaba prácticamente vacío, con la excusa de que ella actuara como testigo a favor suyo en una improcedente recusación al juez que ya dictó sentencia. “Esto no puede interpretarse sino como un gesto de amedrentamiento. Denunciamos que los condenados por el asesinato y desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal están tratando de burlar la justicia presentando recursos improcedentes con el propósito de distorsionar el proceso y escapar a la sanción que les corresponde por graves delitos contra los derechos humanos”, dice el correo. Olga Flores también denuncia las amenazas que sufren ella y otros familiares de los desaparecidos, por parte de los acusados quienes han llegado a seguirlos abiertamente y a la luz del día.

El desconocimiento
Uno de los obstáculos más difíciles a la hora de implementar castigos contra la represión estatal y la tortura, es el desconocimiento de la sociedad en general acerca de sus derechos y de la cuantía del delito que cometen aquellos que, amparados por un uniforme, ejercen represiones violentas y torturas. Tal es el caso de los detenidos en distintas instancias policiales, que son sometidos a agresiones físicas y psicológicas, los manifestantes que son reprimidos con violencia y los conscriptos que en el Ejército sufren duros castigos físicos por parte de sus superiores. “A mí no me han torturado, sólo me han pegado hasta romperme mi brazo”, señala una de las víctimas de las famosas ‘chocolateadas’.
“Las Convenciones Internacionales contra la tortura y la violencia estatal dentro de las instituciones del orden son mayoritariamente letra muerta. Existe una cultura policial y militar ejercida en años de trabajo y romper con esto es un esfuerzo muy grande. Para los interrogatorios y como sistema de investigación la tortura continúa”, dice Gautier.
Pueden cambiar los gobiernos, pero el aparato represor es el mismo. La Policía y el Ejército se siguen manejando bajo códigos similares, los cuales es necesario modificar para que las instituciones del orden cumplan a cabalidad los acuerdos internacionales a favor de los derechos humanos ratificados por Bolivia.


Herramientas contra la tortura
Pese a que el país ha ratificado la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas en 1999 y el Protocolo Facultativo de la Convención, en diciembre de 2002, poco se ha avanzado para poner en práctica sus normas.
El Protocolo es un instrumento que previene la tortura y malos tratos mediante un sistema de visitas regulares a lugares de detención (donde se registran las mayores denuncias) llevadas a cabo por órganos independientes de carácter nacional e internacional.
Es un instrumento necesario porque, si bien el derecho internacional prohíbe de manera absoluta la tortura y los malos tratos, estas prácticas siguen siendo frecuentes sobre todo hacia las personas privadas de libertad.
El Protocolo debe funcionar estableciendo un sistema de visitas regulares a los lugares de detención, de manera sorpresiva. El primer componente del sistema será un nuevo órgano internacional, el Subcomité del Comité contra la Tortura, constituido inicialmente por un grupo multidisciplinario de diez expertos independientes, que realizará visitas regulares a lugares de detención en todos los Estados Partes.
La segunda parte del sistema estará constituido por mecanismos nacionales de prevención. Entrado en vigor el Protocolo, los Estados Partes deberán crear o designar uno o varios mecanismos facultados para realizar esas visitas, en el caso de Bolivia, de los cuales el ITEI tendrá que ser parte.
De acuerdo a lo establecido, tanto los entes internacionales como nacionales, llevarán a cabo visitas regulares en cualquier lugar de detención y podrán entrevistarse con cualquier persona detenida, para hacer luego recomendaciones destinadas a mejorar el trato y las condiciones de detención de las personas privadas de libertad.

Habla el Defensor del Pueblo
Waldo Albarracín, consultado acerca de los casos de tortura en el país y la vigencia del aparato represor respondió lo siguiente:

¡OH Qué antecedentes tiene el Defensor del Pueblo respecto a la tortura y violencia estatal?
La tortura es el acto o conjunto de actos practicados contra una persona privada de libertada, aplicándole sufrimientos físicos o psicológicos con el objeto de obtener información sobre determinada investigación o con otros fines.

¡OH! Muchos de los torturadores continúan impunes y hasta ejerciendo todavía acciones represivas, ¿existe alguna ley que sea específica en este tema?
El artículo 12 de la Constitución Política del Estado, prohíbe toda clase de torturas, coacciones, exacciones o cualquier forma de violencia física o moral, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las sanciones a las que se harán pasibles quienes las aplicaren, ordenaren, instigaren o consintiesen. El artículo 295 señala “será sancionado con privación de libertada de seis meses a dos años, el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejar a un detenido. La pena será la privación de libertad de dos a cuatro años, si le inflingiere cualquier especie de tormentos o torturas. Si éstas causaren lesiones, la pena será de privación de libertad de dos a seis años; y si causaren la muerte, se aplicará la pena de presidio de diez años.

¡OH! ¿En qué se basa la estructura del aparato represivo estatal?
La tortura como mecanismo de represión política fue practicada de manera sistemática por los órganos de seguridad del Estado durante los regímenes de facto. Sin embargo después de la instauración de los gobiernos democráticos, se pudo comprobar casos de tortura practicados por la Policía, fundamentalmente en investigaciones sobre grupos acusados de alzamiento armado, y también en investigaciones relacionadas a temas de narcotráfico y otros delitos.