20 agosto, 2008

El verdadero sentido de la justicia comunitaria

La justicia comunitaria o el sistema jurídico de los pueblos indígenas, existe mucho antes que el propio Estado boliviano y ha sido reconocida legalmente en Bolivia desde la época de la colonia (por las Leyes de Indias). En 1994 la Constitución Política del Estado (artículo 171.III) la reconoce no como una justicia paralela sino como una jurisdicción especial, por su capacidad de administrar normas propias y solucionar conflictos. Más recientemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículo 34-que ahora es ley de la República) reconoce el derecho de los pueblos indígenas a administrar su sistema jurídico.
Por otra parte en Bolivia, el acceso a los servicios de la justicia ordinaria es muy deficiente. De acuerdo a las estadísticas del Defensor del Pueblo, sólo el 55% de los municipios del país cuentan con un juez, el 23% con un fiscal y el 3% con un defensor público. Razón por la que en gran parte de los municipios, el servicio más cercano de justicia que tienen los ciudadanos bolivianos es el sistema jurídico de los pueblos indígenas y originarios.
Aunque ha sido utilizada hace cientos de años, la justicia comunitaria se ha visto desvirtuada por los linchamientos e intentos de asesinato a supuestos delincuentes, que se han ido sumando en distintas regiones del país. Para muchos, la debilidad del Estado y la poca credibilidad en la ley, han favorecido para que los sangrientos episodios se repitan cada vez con más frecuencia. Uno de los más recientes, ocurrido en Epizana donde tres policías fueron asesinados en manos de una turba alcoholizada, han revelado que se han roto todos los límites de respeto a la autoridad. Los cadáveres de los tres uniformados, arrojados a la carretera, son una evidencia real. Sin embargo, la justicia comunitaria en su verdadero sentido, nada tiene que ver con estos delitos, ni con el irrespeto a las normas legales establecidas en la justicia ordinaria.

¿Qué es la justicia comunitaria?
La justicia comunitaria se traduce como el derecho de los pueblos indígenas a administrar su sistema jurídico, es un derecho humano colectivo reconocido por normas internacionales (Convenio 169, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas), la Constitución y las leyes bolivianas vigentes (como el Código de Procedimiento Penal, la Ley INRA, la Ley del Ministerio Público, etc).
La justicia comunitaria o más propiamente el sistema jurídico indígena, es aquel sistema compuesto por autoridades, normas y procedimientos, a través del cual los pueblos indígenas y originarios regulan la vida de la comunidad y resuelven sus conflictos. Entre sus principales características se encuentran: a) accesibilidad, oralidad, rapidez y bajo costo; b) publicidad, participación y control social de la comunidad; c) flexibilidad y adaptación a nuevas circunstancias; d) la búsqueda de la reparación del daño y la reconstitución de la paz y la convivencia social; d) sanciones preferentemente didácticas.
Sin embargo no está exenta de errores. Es por ello que instituciones como el Defensor del Pueblo alertan de la necesidad de promover los derechos de las personas sometidas a la jurisdicción indígena, principalmente los de los grupos poblacionales más susceptibles en la violación de sus derechos, tales como mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores. “El Defensor del Pueblo promueve los derechos humanos como límite del ejercicio del sistema jurídico indígena, principalmente el derecho a la vida, la integridad física y la prohibición de tortura, al interior del sistema jurídico indígena”, explica Waldo Albarracín.
Por su lado, Carlos Alarcón, abogado constitucionalista cuestiona que no exista dentro del Código Penal el delito de hacer justicia por mano propia o el utilizar la violencia para hacer valer las propias razones. “Un tipo penal de esta naturaleza puede ser una respuesta que contribuya a evitar estos hechos. Como paliativo, puesto que la respuesta estructural tiene que ver con superar la anomia social y la debilidad extrema del Estado y de sus instituciones democráticas.”
La anomia social y la debilidad del Estado a la que se refiere Carlos Alarcón se han hecho evidentes ante el escaso esclarecimiento de los casos en los que la muchedumbre ha cobrado la vida de algún sospechoso. Pocos linchadores están en la cárcel, y pocas víctimas que han sobrevivido a las torturas han sido resarcidas. Ante ello, el Defensor del Pueblo ha iniciado una campaña de comunicación a través de la prensa y la radio en contra de los linchamientos por tratarse de "delitos de asesinato u homicidio", exigiendo a las autoridades de la justicia penal (Poder Judicial, Ministerio Público y Policía) el procesamiento inmediato de los presuntos culpables y su posterior sanción.
Es importante aclarar que existen diferencias sustanciales entre el linchamiento y la justicia comunitaria o más propiamente el sistema jurídico de los pueblos indígenas. De acuerdo a Albarracín, entre las diferencias principales se pueden citar que los linchamientos se producen como consecuencia de la marginalidad, pobreza, desocupación, angustia colectiva y debilitamiento de la confianza del ciudadano en las instituciones públicas, que da lugar a la pérdida del respeto a la ley, son manifestaciones de impotencia de un grupo social que se halla frente a una situación que considera que el conflicto no puede ser resuelto de otra manera; a diferencia de la justicia comunitaria que es una forma ancestral de solución de conflictos al interior de la comunidad. Los linchamientos se producen generalmente en ámbitos periubanos o urbano-marginales, o en lugares en los que no existe propiamente un sistema jurídico indígena originario (áreas de colonización, ex haciendas, etc.) El linchamiento es realizado por una turba o muchedumbre criminal; a diferencia de la justicia
comunitaria que es administrada por las autoridades de los pueblos indígenas, que gozan de legitimidad y apoyo de la comunidad; autoridades que son elegidas por sus comunidades por un periodo de tiempo concreto.

Lo que se denomina hoy justicia comunitaria es un nombre impuesto recién, vednría a ser el “sumak tamaña” (vivir bien). La transgresión a esas normas es lo que se sanciona por la comunidad o ayllu, son normas que siempre han existido en el mundo andino. Pero las sanciones vienen de acuerdo a la gravedad del delito, por ejemplo las fallas leves tienen penas leves, así como los delitos graves tienen otra instancia de tratamiento, no es tan simple con se lo ve actualmente.
En el periodo del Tahuantinsuyo, las trasgresiones que se cometían en el ayllu se resolvían internamente con la participación de la comunidad liderada por los amautas que era quienes decidían qué acción se iba a tomar. Dentro de las penas leves estaban los chicotazos, determinados por la magnitud del delito y dentro de las graves la expulsión de la comunidad, el destierro. Sus bienes en muchas ocasiones son repartidos entre los afectados. Si bien la pena de muerte no está incluida, sí se tienen casos en los que, ante la gravedad del delito, se ha determinado la muerte del acusado, sin embargo generalmente se marcaba el cuerpo del autor (se cercenaba parte de la oreja o las fosas nasales) para que sea rápidamente reconocido. Las sanciones en el mundo andino han sido siempre más de carácter moral, y eso es lo que más afecta. Dentro de la cosmovisión andina, se daba vida a todo objeto material, plantas, piedras… si uno cometía un delito sabía bien que habían testigos y que ellos hablarían en algún momento.
El temor ha cometer un delito era una de las formas de vida del mundo andino. El tener miedo a las autoridades, al entorno, al dios sol, el cometer un delito a vista del dios sol era terrible.
Las Ulakas (asambleas) eran las que determinaban y llevaban a cabo los juicios, y las principales decisiones de la comunidad en general. Es ahí donde los testigos exponen los delitos que ha cometido el acusado en cuestión y entre todos, al influjo del amauta quien por su sabiduría y sus años es quien orienta e induce las decisiones de acuerdo a la gravedad del delito.
En el periodo de la colonia y de la república el concepto cabal de esta justicia se ha ido desviando. El perder el respeto a la naturaleza y a los dioses andinos es obra de la Iglesia, que con la extirpación de las idolatrías rompe con el pensamiento del mundo andino imponiendo un solo dios. Al tener esta dicotomía, el delito se hace más común. Como es común que estas trasgresiones se den en momentos de embriaguez. Si se hace un análisis histórico, se puede ver que el alcohol es parte del sometimiento. La Iglesia misma, con la santificación de fiestas y los alferez (que son los llamados actualmente prestes) los fuerzan a pasar esas fiestas donde los comunarios se ven obligados a incurrir en gastos, un círculo vicioso en que se incluía el alcohol. Dentro del mundo andino la chicha por ejemplo era de carácter estrictamente ritual, es a través de la conquista que llega el alcoholismo como parte del sometimiento.
Lamentablemente en los últimos hechos que hemos visto, ha sido el alcohol el que ha tergiversado el concepto de justicia en el mundo andino. En una ulaka el tema del delito era tratado conscientemente, sin consumo de ninguna bebida alcohólica. De acuerdo a Callisaya, la tergiversación de la justicia comunitaria en los hechos de linchamientos ocurridos últimamente se debe a cuando se intenta legalizarla, ya que se sienten protegidos por la normativa que se quiere dar con el término de justicia comunitaria, donde los delitos menores tienen pena de muerte. “Ni siquiera se juzga si han sido realmente los autores del delito e igual se los ajusticia y muchas veces por error se los mata, cosa que va poniendo en tela de juicio lo que se denomina hoy justicia comunitaria”.
Quién mata a alguien por error o por influjo de una borrachera debe pagar con el mismo precio. La comunidad no puede ser un testigo mudo porque de lo contrario es cómplice. Si se aplica la justicia comunitaria, la comunidad no puede ocultar ese tipo de hechos, deben ser castigados los culpables que han cometido el crimen.
“No considero que la justicia ordinaria y la comunitaria puedan compatibilizarse porque son dos visiones diferentes, en el mundo occidental tienen una visión donde todo está tipificado por áreas, la justicia civil, la penal, etc., mientras que en el mundo indígena todavía no hay una clara visión de lo que ha sido la justicia comunitaria en sus raíces. Han pasado cinco o seis años en los que se ha querido legalizar la justicia comunitaria y ello es como crear una ciencia para el mundo andino pero que está en pañales, es muy difícil ver desde la actualidad la visión de lo que ha sido el “sumak tamaña” de hace 500 años. Es todo un proceso para recuperar el verdadero sentido de lo que esto fue.
Hay un grupo de intelectuales juristas que a como dé lugar quieren introducir lo que es lo que por un lado llaman derecho indígena o justicia comunitaria, pero yo creo que todo esto es por ganar espacios, si bien la justicia occidental ha tenido muchas observaciones en su comportamiento, la justicia comunitaria debería de guiarse por entrar a un campo más legal donde se cumplan ciertas normativas, donde se llegue al juzgamiento entre toda la población, sana y conciente, y donde realmente guíen autoridades originarias y los amautas. Hoy en día lamentablemente cualquier persona por el color político o por cierta afinidad de parentesco con autoridades, ejercen ese rol.


Recuadro
La legalidad
Carlos Alarcón es abogado constitucionalista. A él le consultamos acerca de la viabilidad de la justicia comunitaria y sus aplicaciones en el marco legal establecido.

¡OH! ¿Considera viable la aplicación de la justicia comunitaria a la par de la justicia ordinaria?
Antes de analizar la viabilidad de la concurrencia constitucional de la justicia ordinaria con la comunitaria considero importante aclarar que no debería hablarse de justicia comunitaria sino de indígena originaria, para evitar que cualquier grupo de personas se considere legitimado para impartir justicia sin una base de pertenencia étnica cultural a un pueblo o comunidad que ha realizado prácticas milenarias de justicia en aplicación de usos y costumbres reconocidos y comprobados por la tradición.
Es posible compatibilizar la justicia ordinaria con la justicia indígena originaria y por tanto que sea viable la aplicación complementaria de las dos formas de justicia en la medida que se respete la base universal de la justicia ordinaria, que se fundamenta en un vínculo universal de la persona con el Estado, y la base particular de la justicia indígena originaria, que se fundamenta en un vínculo particular de pertenencia de una persona a un pueblo indígena. Deslindado el plano universal y particular que corresponde a cada una de estas formas de justicia, su aplicación conjunta depende de una adecuada delimitación de sus respectivos ámbitos de vigencia material, personal y territorial.

¡OH! ¿Cuáles son los principios de la justicia comunitaria?
Los principios de la justicia indígena originaria deberían ser los mismos de la justicia ordinaria para poder identificarlas a ambas como expresiones de justicia de un mismo sistema constitucional de justicia. Tales son los principios de independencia, imparcialidad y debido proceso que hacen a la esencia del "Juez", sin importar que éste sea o no indígena.

¡OH! En su opinión, ¿debería endurecerse el Código de Procedimiento Penal para evitar actos como los linchamientos ocurridos en Cochabamba?
Es necesario hacer ajustes al capítulo de las medidas cautelares personales del nuevo Código de Procedimiento Penal, para mejorar el sentimiento de seguridad ciudadana en la población. No obstante ello, los linchamientos constituyen un fenómeno patológico de violencia social y justicia por mano propia cuyas causas van mucho más allá de la vigencia de un nuevo Código de Procedimiento Penal. Principalmente están relacionados con la anomia social que vive el país, la violencia social como respuesta general para resolver todos los problemas y la falta de la autoridad del Estado y sus instituciones.

1 comentario:

Luis Eduardo Siles dijo...

Estoy seguro que le interesará esta pequeña investigación sobre el tema de la famosa “justicia comunitaria” que menciona en su artículo, en http://nuestroperronegro.blogspot.com/2008/10/bolivia-justicia-comunitaria-la.html. El tema de si los linchamientos entran o no en esa categoría de justicia me resulta insulso con toda franqueza. Primero porque sus autores siempre dicen abiertamente que si, por ejemplo los gloriosos ponchos rojos han dicho en la televisión nacional que en aplicación de esa “justicia “ se van a comer a Leopoldo Fernández luego de lincharlo, (afirmaciones similares pueden encontrarse en la investigación o en una búsqueda simple ) y segundo porque mas allá de en que categoría entra o no, el gobierno debiera hacer algo para que estos actos de barbarie no ocurran. Obviamente no lo harán por tanto Morales como Linera son antes que nada unos linchadores, linchadores de las ideas, de la ley, de la verdad y de las personas. Bolivia es hoy el país con mas linchamientos en América latina, incluso superando a Guatemala donde esta terrible forma de ajusticiamiento es lamentablemente muy común.
Me resulta desconcertante que en su nota el señor Albarracín justifique los linchamientos, atribuyéndolos a la pobreza y otras variables , agregando que solo ocurren en zonas peri urbanas y no en las que son habitadas por indígenas propiamente dichos. Esa afirmaciones no hacen más que demostrar la ignorancia del mencionado señor sobre donde, como y quienes protagonizan estos hechos. Lo mismo podemos decir de la idealización que se hace de la justicia y las sanciones en el mundo pre colonial, “mas moral que de otra índole”. Semejante afirmación no resiste ni una revisión superficial de las fuentes serias que existen al respecto.
Atentamente,
Luis Eduardo Siles
www.nuestroperronegro.blogspot.com